El 16 de Febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, siete años después de que comenzara a negociarse en la famosa ciudad de Japón. Atrás quedó el repudio del gobierno de Bush, en 2001, que obligó a esperar a la ratificación de la gran mayoría de países del mundo, y en particular a todo el resto de grandes emisores industrializados, para llegar a convertirse en ley.

Es el único tratado internacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (CO2, metano, óxido nitroso y varios gases fluorados). Esta es su mayor virtud, porque su objetivo es muy modesto: una reducción de las emisiones de los países industrializados del 5% de lo que emitían en 1990, y debe alcanzarse entre 2008 y 2012. En el mundo las emisiones de estos “gases de Kioto” han crecido un 24% entre 1990 y 2004, La mayor parte de ellas es CO2 y proviene de la generación de energía y el transporte terrestre. Pese a la reciente y llamativa contribución de China a las emisiones mundiales, siguen teniendo un gran peso las de los países industrializados, que ya alcanzado un alto nivel de desarrollo aumentaron un 11% en ese periodo.

Concretamente la UE-15, que ratificó en bloque el Protocolo, sólo había reducido en 2005 el 1,5% de sus emisiones pero deberá llegar en estos próximos cuatro años a reducirlas hasta el 8%. Esta es una tarea que algunos países se toman en serio: Suecia, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Francia están en camino de alcanzar el objetivo de reducción que les corresponde.

Otros, en cambio, están resultando una verdadera piedra en el camino. Las emisiones del Estado español en 2007 han vuelto a subir situándose entre un 51 y 52% por encima de las de 1990 cuando nuestro objetivo de Kioto es limitar el aumento de emisiones al 15%. Entre las principales causas de esta subida se cita el consumo eléctrico, dado que buena parte de la demanda se ha satisfecho con carbón, el combustible más productor de CO2, porque la sequía ha reducido la disponibilidad de generación hidráulica y el precio del gas (el “limpio” gas), ha mantenido paradas a muchas centrales de gas en ciclo combinado. Así que ha primado la rentabilidad empresarial frente al cumplimiento de las leyes, y en un sector en que los beneficios son escandalosos.

Producción energía eléctrica 2007 (GWh):

Carbón 71.846

Gas 68.308

Fuente: Red Eléctrica

Tal como es desde 1997 el marco legal eléctrico español, tremendamente liberal, no puede regularse el tipo de centrales que entran en funcionamiento. Lo poco que podía haberse hecho para influir sobre los criterios de mercado en los Planes Nacionales de Asignación no se ha aprovechado, pues se han repartido más “bonos” gratuitos de emisión para el comercio intraeuropeo de CO2 a las centrales de carbón que a las de gas. Por tanto se abarata su funcionamiento.

Ni siquiera se ha aplicado la legislación sobre los Techos Nacionales de Emisiones para las Grandes Instalaciones de Combustión para evitar que en 2005 se superara el techo de concentración de óxidos de nitrógeno, lo que hubiera implicado limitar el funcionamiento de las instalaciones más contaminantes.

El sector eléctrico es el principal emisor en nuestro país, y puede declarase enfrentado al Protocolo de Kioto, tanto por un consumo insaciable como por criterios de generación puramente lucrativos y poco respetuosos de las leyes ambientales.

El segundo sector responsable de las emisiones en nuestro país es el del transporte, que ha aumentado sus emisiones desde 1990 en más del 75%, y que hasta el momento no ha sido objeto de ninguna política concreta para limitarlas. Más bien los esfuerzos han ido en el sentido contrario, como el caso del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte), paradigma de la insostenibilidad, que prevé construir, por ejemplo, 6.000 km de autovías adicionales a los 9.000 km existentes. En fin, no existen muchas razones para celebrar este aniversario. www.ecoportal.net

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