Desde hace muchos años, los pueblos indígenas, y sobre todo el pueblo maya, hemos estado reclamando que nunca se nos ha tomado en cuenta para la discusión y propuesta de los “supuestos” planes de gobierno que presentan los diferentes candidatos, desde que “supuestamente” comenzamos a retornar a la “democracia” en 1985.

La transición democrática estaría abriendo nuevos espacios de participación para todos y todas en Guatemala, de allí que los Acuerdos de Paz en un principio apuntaba a esa construcción de nuevas relaciones entre Estado, Sociedad, Democracia y Partidos Políticos, pero a la vez planteaban nuevas relaciones entre indígenas y ladinos, entre pobres y ricos y entre mujeres y hombres. Sin olvidar las relaciones entre generaciones de ciudadanos.

Después de cinco elecciones, ya que a finales del año de 1985 se llamaba por primera vez a elecciones libres, después de muchos años de regímenes militares y dictatoriales, por mayoría absoluta gana el Partido de Democracia Cristiana, llevando a la presidencia al Licenciado Vinicio Cerezo, que en cuyo periodo se inician las primeros acercamientos para la firma de la Paz, con las reuniones de Esquipulas I de 1986 y Esquipulas II de 1987.

El triunfo de la DC, en ese momento, obedeció a la confluencia de todos los sectores progresistas del país: iglesia, cooperativas, sindicatos, organizaciones indígenas, etc., todos soñaban por una Guatemala distinta, pensando destruir el poder militar y a las mismas elites políticas que se habían adueñado del país, como el Partido Institucional Democrático –PID-, el Movimiento de Liberación Nacional –MLN-, el Partido Revolucionario –PR-.

Lamentablemente la esperanza de la sociedad civil y los sectores progresistas del país poco a poco comenzaba a resquebrajarse. Toda una lucha, comenzaba a perderse y la transición a la democracia se iniciaba con muchos tropiezos, no sólo por la corrupción y el compadrazgo político de ese gobierno de la DC, sino de los subsiguientes, hasta este último, porque no han sido capaces de resolver los problemas estructurales del país y al contrario han hipotecado al Estado en manos del crimen organizado, del contrabando y de las mafias, que están incrustadas en toda la institucionalidad del Estado neoliberal guatemalteco.

Posteriormente los Acuerdos de Paz, que por muchos fueron considerados como el primer paso para resolver las causas del conflicto armado, abrían otra esperanza más, pero la insistencia de la cooperación y toda la comunidad internacional, sobre todo las que eran apoyadas por el “imperio norteamericano” comenzaron a forzar el proceso, hasta el punto que “castraron” de contenidos a acuerdos importantes, como: el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, al no reconocer la demanda sobre la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas: Maya, Xinka y Garífuna, sino que lo enmascararon con el “proyecto multicultural e intercultural” y dentro de esto “el modelo de descentralización”. Así mismo, con el Acuerdo Socio Económico y Situación Agraria, tampoco quisieron tratar el problema de la Reforma Agraria como requisito indispensable y urgente para la democracia guatemalteca.

De estos acontecimientos hasta hoy, el Estado guatemalteco es considerado como un Estado Débil, un Estado cercano a lo fallido. Es un Estado capturado por las mafias, la corrupción y el crimen organizado. Pero a la vez es un Estado que ha construido un modelo de “contrainsurgencia mucho más refinado” que el implementado durante el Conflicto Armado, al cooptar y asimilar a alguna parte del movimiento social y dentro de éste el movimiento indígena.

Un Estado que ha elaborado estrategias de desarticulación del movimiento social, al implementar mecanismos psicológicos, hacia la dirigencia indígena principalmente, al venderles “la propuesta de inclusión” del multiculturalismo liberal o la propuesta del “diálogo intercultural o la cultura de Paz”. Con esto han hecho creer que el enemigo de los pueblos indígenas es la izquierda, las ONGs solidarias y otras instituciones que se oponen a las prácticas neoliberales de los Estados y del imperio, de esa cuenta, en Guatemala la dirigencia indígena y no indígena, que antes participaba en el movimiento social, ahora pretenden ocupar algún puesto de elección popular; sus reflexiones sobre los gobiernos y el Estado, son condescendientes y poco propositivos.

Mientras la mayor parte de la población guatemalteca, principalmente indígenas y de estos: mujeres, niños, niñas, ancianas y ancianos, viven en pobreza y extrema pobreza, con problemas de salud, principalmente de desnutrición, mortalidad materno-infantil, problemas de educación, y esta última no responde a las necesidades de las comunidades y que si bien es cierto que la educación en Guatemala fue certificada, pero porque responde al neoliberalismo y al mercado. Sumado a esto la falta de trabajo y donde las hay, como sucede en las regiones en donde se está instalando la infraestructura industrial del Tratado de Libre Comercio, los salarios son bajos y los trabajadores están en condiciones inhumanas, casi a un proceso de semiesclavitud.

La situación de semiesclavitud también la viven los y las jóvenes en las maquilas, sobre todo las de origen coreano, donde trabajan alrededor de 13 a 15 horas, bajo condiciones inhumanas y con un salario que no responde a la canasta básica, además porque las maquilas se convierten en centros donde se inician al consumo de las drogas, por el hecho que los trabajadores y las trabajadoras, laboran bajo efectos de drogas para rendir más. Similar situación sufren los niños y niñas que tienen que trabajar a temprana edad, para apoyar a la economía del hogar, ahora no solo vendiendo dulces, chicles, sino también tarjetas para celulares.

Por otro lado, las causas estructurales que generaron el conflicto armado no han sido resueltas, principalmente el problema de la Tierra. Es impensable que lo que era la riqueza de los pueblos indígenas antes de la invasión española, ahora cada vez más se convierte en su pobreza, porque la tierra está en manos de unos pocos y muchos viven sin ella, convirtiendo a la dualidad: minifundio y latifundio como el principal problema guatemalteco. De esta cuenta la exigencia de una Reforma Agraria Integral es una demanda concreta de los campesinos indígenas y no indígenas de Guatemala. Esta reforma agraria no hay que entenderla sólo bajo el hecho de repartir tierra, también es mejora la producción, la tecnología, etc., además está relacionada con la demanda de autonomía y libre determinación de los pueblos, que implica, el derecho al autogobierno y esto relacionado a la protección y conservación del medio ambiente, mantener la identidad y lo valores y construir el propio modelo de progreso que quieren los pueblos indígenas, que está muy relacionado al “vivir bien” o al principio que “mi pasado es mi futuro”.

Un elemento importante a tomar en cuenta es que en estas elecciones prevalecen los objetivos de la democracia liberal de acentuar sólo la participación de los ciudadanos, relacionado a la construcción de una Estado-Ciudadano y de Mercado. Porque bajo la idea de la representatividad y legitimación, los ciudadanos y las ciudadanas, están se preocupan “por quien votar”, es decir, lo relacionan únicamente con la persona y no con el proyecto político. De esta cuenta la construcción de Estado-Nación como es la exigencia de los pueblos indígenas está muy lejos de concebirse y asumirse como proyecto político y por lo tanto, son las figuras quienes ocupan la mayor parte de los comentarios de los guatemaltecos y las guatemaltecas de a pie.

Esta situación también obedece a la inexistencia de proyectos políticos que impulsen la construcción del Estado-Nación y que a dicho sea de paso, únicamente el Partido Unidad de la Esperanza (UNE) que aunque algunos analistas y su misma dirigencia lo colocan en el centro izquierda, cuando en realidad podría ser del centro derecha y la alianza: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala URNG y el Movimiento Amplio de Izquierda -MAÍZ-, de tendencia de izquierda, presentan un proyecto político definido.

Pero en cuando a la visibilidad de las demandas indígenas, solo el proyecto URNG-Maíz, las visibiliza mucho mejor, aunque todavía desde un enfoque etnicista, porque es “hacia los pueblos indígenas”, que implica reconocer las demandas étnicas pero desde una visión paternalista y culturalista y ninguno de los partidos, lo plantea en términos de la plurinacionalidad, de autogobierno, de autonomía y libre determinación.

Si bien es cierto que todos afirman que hay que seguir avanzando para el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero nadie aborda el tema de los derechos colectivos, como: autogobierno, tierra, territorio y medio ambiente. Sobre los pueblos indígenas, los partidos políticos lo abordan desde la simple inclusión o el simple reconocimiento de los valores culturales y enmarcados en un modelo intercultural de exclusiones. Es decir, un modelo intercultural donde, quienes deciden son los grupos de poder y sus aliados.

De esta manera, en estas elecciones, a pesar de que crece el número de participantes indígenas, sobre todo mayas, sigue teniendo una deuda pendiente con la agenda relacionado a los pueblos indígenas, porque la mayoría de partidos políticos siguen proponiendo una agenda neoliberal del Estado y una democracia de ciudadanía, en donde lo que importa es el “mercado y la competitividad”, mientras que los pueblos indígenas plantean un proceso de refundación del Estado que permita el reconocimiento no de la multiculturalidad del país, sino la multinacionalidad. www.ecoportal.net

* Kajkoj Ba Tiul
- Analista invitado de Incidencia Democrática.